Según una noticia publicada por el diario Cinco Días el pasado 14 de noviembre de 2011, “la desgravación fiscal por adquisición de vivienda en el IRPF ha supuesto un gasto para el Estado de aproximadamente 77.560 millones de euros desde su entrada en vigor en 1979 hasta 2011”. ¿Cuántas viviendas públicas para alquiler social se hubieran podido crear con ese dinero?

Las trampas legislativas. Si el sistema fiscal nos disuade de alquiler una vivienda, la Ley de Arrendamientos Urbanos –sobre todo tras sus últimas reformas– sitúa al inquilino en una posición de inseguridad casi permanente. Con el argumento de incentivar la salida de viviendas en alquiler, se ha creado la figura del llamado “desahucio exprés” (modificado recientemente con el “desahucio súper-exprés”: 10 días para finiquitar el desalojo) y se ha permitido a los propietarios reservar la vivienda para sí o sus familiares, al margen del tiempo establecido en el contrato, con el consiguiente “lanzamiento” gratuito del inquilino. Además, se ha reforzado la tradicional fianza en metálico con un sistema de garantías adicionales que en la práctica está generando abusos más que notables.

Por si fuera poco, no existen medidas que favorezcan la profesionalización del sector. A diferencia de Alemania, donde el inquilino puede dirigirse a una empresa de servicios cuando se requiere la reparación de una avería, en España nos mantenemos en la clásica relación entre inquilino y casero, que, como la lotería, puede resultar bien o mal. Si te quedas sin agua caliente, más vale que tu casero no esté de vacaciones en Vietnam.

Se nos invita, pues, a detestar el alquiler, y a cambio se establece una legislación hipotecaria aparentemente flexible y milagrosa, que permite conceder préstamos hipotecarios sin límite de anualidades y sin exigencias de ahorro previo. Crédito para todos, lo cual es cualquier cosa menos una propuesta decente. Acceder a una vivienda digna mediante el endeudamiento de por vida es lo más parecido a tener que pagar con una especie de condena a cadena perpetua por ejercer un derecho elemental. Porque esta supuesta flexibilidad en el crédito permite conceder préstamos incluso por el 100% del valor del inmueble y por períodos de cuarenta años o más, lo que contribuye a aumentar los precios y, por extensión, los beneficios de las entidades financieras. Y lo que es peor, se establece en la práctica un sistema de garantía personal que nos obliga a responder de las posibles deudas con todos nuestros bienes presentes y futuros. Con otras palabras, la entrega de la vivienda no cancela la deuda. Te quitan la casa, te aplican intereses de demora, te cargan las costas judiciales del proceso judicial (o notarial) y, si resulta necesario, te embargan el sueldo.

Y a todo esto, ¿quién valora los pisos? Lo hacen unas agencias de tasación vinculadas al sector financiero. No hay una tasadora pública independiente que establezca precios basados en criterios objetivos como el metro cuadrado útil en un determinado barrio.

Las trampas políticas. Son innumerables, empezando por la corrupción, pero nos centraremos en la política de vivienda protegida. Aclaremos de inicio algo tan obvio como que la vivienda protegida tiene una finalidad social: se trata de que las administraciones intervengan en el sector inmobiliario para que los precios del mercado libre encuentren un freno. Es decir, si una administración puede ofrecer viviendas a un precio barato, los precios del mercado libre tenderán a bajar. Si esa vivienda pública, además, se ofrece en alquiler y para personas en situación de dificultad, el resultado será aún más social.

Dicho así, puede parecer que la vivienda protegida que se ha ofrecido en España durante las últimas décadas podría haber cumplido ese fin. ¿Ha sido así? No, rotundamente. Cada vez se ofrece menos vivienda protegida, y la que se ofrece, además de destinarse a la compra, incluye piscinas, garajes, trasteros y demás elementos que encarecen el precio. ¿Por qué? Es obvio: no interesa que bajen los precios. Cuando los precios del mercado libre subían como los globos de gas, el módulo que fija el precio de la vivienda protegida no se mantenía congelado. Ahora que los precios del mercado libre descienden, el módulo se congela. La intención es obvia: no interesa que la vivienda protegida incline los precios del sector hacia abajo.

Es una actuación perversa, ciertamente. Pero, ¿hemos pensado en las razones? Lo más cómodo sería pensar que nuestros políticos son cómplices del lobby inmobiliario-financiero. Y así es, sin duda. Pero la decepción es mayor cuando volvemos a realizar una encuesta entre los españoles y descubrimos que la mayoría quiere que los precios suban o, al menos, no bajen. ¿Por qué? Todos han comprado, todos han tomado la decisión “correcta” (¡comprar!), y quien compra tiene interés en que su patrimonio aumente o, como poco, no disminuya. Es la jugada perfecta. Una sociedad endeudada, vinculada a la propiedad y, lo mejor, convertida en cómplice.

Quizá esto nos ayude a entender una de las principales contradicciones del “capitalismo patrio”, tan sui generis. Mientras el desempleo aumenta, la precariedad laboral es la norma y el establishment exige “movilidad geográfica”, el mismo poder ata a la población a la tierra y a la propiedad mediante un sobreendeudamiento por decenios. ¿Tiene sentido esta actuación? Algunos dirán que sí. No en vano, todavía se escucha en alguna emisora de radio que nunca se ha vivido en España como en los años de la burbuja…