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Inseguridad ciudadana: Víctimas y Chivos Expiatorios
4.186 visitas desde el 10/05/2011
Jaume Curbet
Universitat Oberta de Catalunya

Sociología

http://www.pensamientopenal.com.ar/15082007/curbet.pdf

Una encuesta realizada en Francia (IHESI, 1999) reveló que la policía resolvía menos del 15% de los robos y menos del 10% de las violaciones. El 80% de los casos se archivaban, principalmente, debido a la falta de identificación de los autores. Desanimadas, maltratadas en las comisarías, numerosas víctimas no denunciaban y cuando lo hacían, en muchos casos, era a petición de las compañías aseguradoras.


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Las víctimas, a pesar de estar cada vez más en el centro del debate público sobre la delincuencia y la inseguridad ciudadana, acostumbran a recibir una atención del todo insuficiente. En realidad, el interés por las víctimas en nuestra sociedad se limita, en general, a una solidaridad superficial y efímera que, más pronto que tarde, degenera en una curiosidad morbosa por los detalles más escabrosos del suceso. Más raramente, sin embargo, una víctima puede aspirar a recibir de su comunidad el efecto reparador de una autentica compasión; entendida esta como lo hace, en la primera de sus acepciones, el Diccionario del Instituto de Estudios Catalanes (DIEC), es decir como un sentimiento con el que uno toma parte en el sufrimiento de otro. He aquí, pues, el primero y principal déficit en el tratamiento del problema de la violencia interpersonal: la falta de una verdadera compasión por las víctimas. La cuestión podría ser más importante de lo que puede parecer a primera vista. Veámoslo.

En ningún caso, sin embargo, puede resultar factible la compasión por las víctimas si no se da una condición previa y del todo necesaria: la plena comprensión del proceso de victimización. Porque no se trata de un proceso simple sino complejo que se produce, al menos, en dos niveles complementarios. Por supuesto existen -en un primer estadio del proceso de victimización (primaria, en el léxico de los criminólogos)- los daños físicos y/o las agresiones a sus derechos; los cuales pueden ser, en ambos casos, relativamente leves pero también, llegado el caso, extraordinariamente graves e incluso irreversibles. Sin olvidar, naturalmente, el impacto emocional que produce en la víctima cualquier forma de agresión personal -ya sea en forma de sensación de impotencia, ansiedad, angustia, pánico a que vuelva a repetirse e, incluso, sentimiento de culpabilidad- y que, en no pocas ocasiones, termina afectando de manera sustancial y duradera los hábitos y los comportamientos de la persona que ha sido víctima de una agresión, en particular su forma de relacionarse con los demás.

Contrariando toda lógica, con demasiada frecuencia, el proceso de victimización no termina aquí. Muy al contrario, a la persona que ha sufrido una agresión a su integridad física o a su patrimonio, todavía le espera tener que padecer los efectos de un sistema de justicia penal que no parece pensado tanto para acoger y atender a las víctimas de una acción delictiva como para preservar -aunque sea de una forma cada vez más simbólica que efectiva- la autoridad del Estado. Así, a la víctima de una agresión, a partir del acto de denunciar los hechos, le aguarda un recorrido por el sistema de justicia que, generalmente, termina resultando más equiparable a un via crucis que no a un proceso curativo (victimización secundaria, le llamarán los criminólogos). Y es que no son pocas las ocasiones en las que, el contacto de la víctima con la policía y la administración de justicia, viene a incrementar todavía más los daños -tanto los psicológicos como, también, los patrimoniales- generados por el acto delictivo; y, en algunos casos, puede llegar a resultar más perjudicial el remedio que la enfermedad. En todas estas situaciones, la persona que acude a la justicia con la expectativa de obtener una reparación, en el mejor de los casos, puede acabar teniendo la impresión que ha estado perdiendo el tiempo o el dinero y, en el peor, sintiéndose impotente ante una burocracia que ignora su sufrimiento o, en el extremo, que se le ha tratado con una notable falta de tacto e incluso con incredulidad manifiesta por parte de algunos agentes de policía, como aún ocurre en muchas denuncias de maltratos o violaciones. Nada de esto, obviamente, contribuye en absoluto a reforzar la legitimidad del sistema de justicia y, por consiguiente, la confianza de los ciudadanos en la eficacia de la protección estatal de sus derechos

Pero la cuestión que nos ocupa ahora es la atención que reclaman y merecen las víctimas de agresiones delictivas y, especialmente, la importancia que puede revestir la compasión, eventualmente, en la necesaria reducción de la violencia en nuestra sociedad. No tiene ningún sentido ni propósito, en principio, que el Estado -a quién está encomendada la protección efectiva de las personas, de sus bienes y sus derechos- forme parte del problema en lugar de la solución. Es cierto que, en los últimos tiempos, en el seno de la administración de justicia y de los cuerpos de policía han empezado a aparecer algunas unidades especiales de atención a las víctimas en general o bien a aquellas que requieren un tratamiento especial (mujeres maltratadas o violadas, por ejemplo) y que, al mismo tiempo, las escuelas de policía han empezado a introducir en sus programas contenidos destinados a sensibilizar y capacitar agentes en la atención a las víctimas. Es cierto, igualmente, que se han emprendido algunas medidas legislativas destinadas a mejorar la protección de las víctimas de actos delictivos y, prioritariamente, de actos terroristas. Considerado globalmente, sin embargo, no se puede decir aún que el Estado actúe, consecuentemente con la responsabilidad que le corresponde, como un agente activo y eficaz de protección de las víctimas de la criminalidad. Lo cual trasciende, sobradamente, la consideración política de simple carencia en la prestación de un servicio público y adquiere, en términos radicalmente democráticos, la dimensión ética de escándalo. Maltratar las victimas de agresiones, despreciar su sufrimiento y abandonarlas a su suerte, todo ello a cargo de los fondos públicos, es exactamente eso: un auténtico escándalo que nos resultaría simplemente intolerable si no fuera que la falta de sensibilidad que, en términos generales, muestra la administración de justicia hacia las víctimas se corresponde, exactamente, con la despiadada desconsideración que les muestra el conjunto de la sociedad. En esta carrera insensata -¡quién sabe hacia dónde!- quien cae pierde: el enfermo, el anciano, la víctima. Y es que allí donde prevalece la competencia extrema entre los individuos, obviamente, ya no puede haber espacio para la compasión, es decir para una solidaridad efectiva basada en una auténtica comprensión. Justamente, por tanto, nada nos hace más falta, y con mayor urgencia, que la compasión.



Así pues, la atención a las víctimas ¿constituye un deber colectivo de reparación de los efectos extremos, en los individuos, de la violencia existente en la sociedad? No parece tan claro en la sociedad del individualismo exacerbado y ello se traduce, como hemos visto, no sólo en una atención estatal ineficiente sino, incluso, en una victimización añadida a los daños producidos, en primera instancia, por la agresión criminal. El derecho de las víctimas (todas y sin distinciones de ningún género) a ser atendidas y compensadas, lejos de su plena vigencia, se mantiene como una reclamación que no acaba de encontrar su encaje en el sistema de justicia penal. Y es que no parece que hayamos comprendido -embobados como estamos en la contemplación del propio ombligo- la importancia determinante que puede llegar a tener, una atención adecuada a las víctimas, en la desactivación del círculo perverso de la violencia en nuestra sociedad. Debería ser, en realidad, el primer paso. Porque cuando estalla la violencia - efecto extremo del conflicto irresuelto- entonces genera, entre muchos otros daños, agravio en el corazón de las víctimas que, tarde o temprano y de una u otra forma, termina generando más violencia que, a su vez, genera más; y así sucesivamente. Es, pues, en el agravio provocado en la víctima que hallamos la primera ocasión de desactivar, compasivamente, el ciclo de la violencia. Ello requerirá, por supuesto, no tan sólo las debidas atenciones formales por parte de los servicios públicos -indispensables, por otra parte-, sino también algo mucho más exigente: acogida, comprensión, afecto auténtico por parte de la propia comunidad. Sólo así podremos aspirar a que a los daños causados directamente por la agresión (victimización primaria) no se le añadan otros no menos graves, como pueden serlo el sentimiento de impotencia y de abandono por parte de los poderes públicos (victimización secundaria), pero también el resentimiento, el odio y, en su extremo, el deseo de venganza, es decir el propósito irracional de perpetuar la espiral infernal de la violencia.

Si bien la compasión por las víctimas de la criminalidad puede resultar decisiva para interrumpir la dinámica perversa de la violencia, ello no debe impedirnos dar un paso más en la imprescindible comprensión global del fenómeno y preguntarnos, con el necesario rigor, ¿qué nos hace víctimas de la violencia? O, como dirían los criminólogos, ¿cuáles son los factores que inciden en el riesgo de victimización? La cuestión requiere, sin embargo, una distinción previa y relevante entre el riesgo real (la probabilidad estadística que tienen las personas de ser víctima de un delito), el riesgo percibido (el temor a ser víctima de un delito) y la demanda de seguridad (la solicitud, por parte de los ciudadanos, de servicios de protección ya sean públicos o bien privados). De tal forma que el fenómeno social de la inseguridad ciudadana asociada al aumento de la delincuencia presenta dos dimensiones que, a pesar de sus evidentes interconexiones, aparecen claramente diferenciadas -la dimensión objetiva (riesgo real) y la dimensión subjetiva (riesgo percibido)- y que participan, en distintas configuraciones y con diferentes proporciones, en la formación de las demandas de seguridad.

La dimensión objetiva del fenómeno de la inseguridad ciudadana se fundamenta en la probabilidad estadística (medida, básicamente, a través de las encuestas de victimización) que tienen las personas de ser víctima de alguno o varios tipos de delito, es decir en el riesgo real; de manera que puede hablarse, en puridad, de la existencia de una vulnerabilidad -es decir una exposición al peligro- que no siempre ni necesariamente se corresponde con nuestro temor al delito (basado en el riesgo percibido). Si examinamos los factores que influyen en el riesgo real de victimización, podremos constatar que la distribución de la victimización no es en absoluto azarosa y que, por el contrario, viene dada por algunas circunstancias determinantes, tanto en la esfera colectiva (factores estructurales) como en la individual (factores coyunturales). Así, en la esfera colectiva podemos identificar unos factores estructurales que configuran las condiciones sociales de producción del riesgo de victimización; de entre las cuales destacan las que tienen que ver con la pertinencia a un grupo de riesgo, como es el caso de la estructura de edad, el género, la clase social, el grupo étnico o el hábitat (urbano o bien rural). De tal forma que, como lo describe Torrente, los hombres presentan un riesgo mayor de sufrir un incidente, en especial violento, y la edad constituye un factor crítico de riesgo en las agresiones, por lo cual los más jóvenes presentan un riesgo mucho más alto y, si son hombres, el riesgo todavía es mayor. Por el contrario, mujeres y hombres sufren por igual los delitos contra la propiedad y, a diferencia de lo que se acostumbra a creer, los ancianos y las mujeres no son las víctimas propiciatorias de la delincuencia en general. En los países en los que la etnia constituye un factor a tener en cuenta, los negros acostumbran a declarar más victimización en casi todas las categorías de delitos. Por clases sociales, son las capas con unos ingresos más bajos las que declaran sufrir más agresiones personales. Pero la diferencia más visible radica en la sensibilidad ante la violencia. Las clases medianas tienden a responder de una forma más detallada sobre los casos de amenazas y, por el contrario, las clases bajas dan menos detalles, en parte, porque conviven más con ciertas formas de violencia o bien porque, en realidad, no siempre las perciben como hechos delictivos. Asimismo, el reparto geográfico de los riesgos es desigual. Existe una relación entre la dimensión y la densidad poblacional de la ciudad y la delincuencia, de manera que las grandes concentraciones de población proporcionan mayores oportunidades al delincuente, riesgos a las víctimas y dificultades para el control social.

Finalmente, pero, en el marco de las condiciones sociales de producción (factores estructurales), el riesgo de victimización se materializa en la esfera individual de acuerdo con unos factores coyunturales que tienen que ver, por negativa, con la exposición al riesgo de ser víctima de un delito que se deriva directamente de conductas personales desinformadas, irreflexivas, irresponsables, imprudentes o bien sencillamente temerarias (en un extremo, pongamos por caso, ir a vivir lejos del núcleo urbano sin ponderar la inseguridad que ello conlleva y, en el otro, hacer ostentación de riqueza); y, por positiva, con el compromiso responsable con la seguridad -a la vez propia y colectiva- que supone la plena incorporación de la precaución y la prudencia en los comportamientos individuales y, en particular, con la adopción de hábitos apropiados de autoprotección (tanto pasivos -medidas físicas y/o electrónicas de protección en la vivienda, por ejemplo- como activos -conductas personales preventivas).

A diferencia de lo que ocurre en la dimensión objetiva del fenómeno de la inseguridad ciudadana -que, como he dicho, se fundamenta en la probabilidad estadística que tienen las personas de ser víctima de alguno o varios tipos de delito, es decir en el riesgo real- lo que prevalece en la dimensión subjetiva es el temor al delito, es decir el riesgo percibido. En el bien entendido que, este temor al delito, puede presentarse, por un lado, en una relación razonable entre el miedo que experimenta el ciudadano y su nivel de exposición cierta y directa a una o diversas formas concretas de agresión delictiva, es decir como temor a un riesgo real; pero, por el otro, también como un miedo difuso a la delincuencia que no necesariamente se corresponde con el riesgo real al que se halla expuesto el ciudadano que experimenta esta inseguridad. Aunque, tanto en un caso como en el otro, el malestar en el sujeto que experimenta alguna de estas formas de temor resulta evidente y, en muchos casos, traumático, no se trata, de ninguna manera, de una distinción intranscendente. La primera vertiente de la inseguridad -el temor a un riesgo real- se entiende sin una mayor dificultad: la alerta instintiva que nos anticipa un peligro inmediato para nuestra integridad (en una función vital equiparable a la que cumple el dolor), en la medida que nos dicta medidas inmediatas y apropiadas de autoprotección, constituye un elemento imprescindible para nuestra supervivencia.

«En el sentido estricto y restringido del término, el miedo (individual) es una emoción choque, frecuentemente precedida de sorpresa, provocada por la toma de conciencia de un peligro presente y agobiante que, según creemos, amenaza nuestra conservación. (...) Manifestación exterior y experiencia interior a la vez, la emoción de miedo libera, por tanto, una energía inhabitual y la difunde por todo el organismo. Esta descarga es en sí una reacción utilitaria de legítima defensa, pero que el individuo, sobre todo bajo el efecto de las repetidas agresiones de nuestra época, no siempre emplea en el momento oportuno. (...) Los comportamientos multitudinarios exageran, complican y transforman las desmesuras individuales. Entran, en efecto, en juego factores de agravamiento. El pánico (...) será tanto más fuerte cuanto más débil sea la cohesión psicológica entre las personas dominadas por el miedo. (...) El miedo tiene un objeto determinado al que se puede hacer frente. La angustia no lo tiene, y se la vive como una espera dolorosa ante un peligro tanto más temible cuanto que no está claramente identificado: es un sentimiento global de inseguridad. Por eso es más difícil de soportar que el miedo. (...) La angustia, fenómeno natural en el hombre, motor de su evolución, es positiva cuando prevé amenazas que, no por ser todavía imprecisas, son menos reales. Estimula entonces la movilización del ser. Pero una aprensión demasiado prolongada también puede crear un estado de desorientación y de inadaptación, una ceguera afectiva, una proliferación peligrosa de lo imaginario, desencadenar un mecanismo involutivo por la instalación de un clima interior de inseguridad».

Así pues, la segunda vertiente de la inseguridad -este miedo difuso a la delincuencia que no se corresponde con el riesgo real- depende de un esquema explicativo más complejo.

Y es que el hecho de anunciar públicamente esta preocupación por el problema social de la inseguridad ciudadana forma parte de una estructura ideológica muy estable, que incluye también otros elementos como la adhesión al mantenimiento o el restablecimiento de la pena de muerte, así como el sentimiento de un exceso de inmigrantes, inquietud por el orden, o por lo menos preocupación por el desorden, reivindicación punitiva, xenofobia, o, por lo menos, miedo a perder la identidad colectiva. No es raro, pues, que quienes más experimentan esta sensación de "inseguridad ciudadana" no sean, necesariamente, aquellos sectores sociales que se hallan más directamente expuestos al riesgo real a la delincuencia, sino aquellos que no disponen ni de los recursos ni de la expectativa de tiempo de vida requeridos para adaptarse a los vertiginosos cambios económicos, sociales y culturales que sacuden la denominada era de la globalización. Así se explica que en la configuración de este sentimiento de inseguridad aparezcan mezclados, con el miedo difuso a la delincuencia, otros temores que nada tienen que ver con el riesgo real a la agresión delictiva.

El desarrollo de los sentimientos de seguridad o bien de inseguridad en una persona respondería pues, básicamente, a su posición social. En el estadio actual del proceso de globalización, como observa Hebberecht, la población se divide en una parte competitiva (un 40% aproximadamente), una parte amenazada con la marginación (un 30%) y una parte marginada (un 30%). Así, el sector de población que mantiene una posición competitiva en la economía global tiene la posibilidad de desplegar nuevas formas de relacionarse socialmente, se siente muy identificada con la nueva cultura global; en el plano ideológico está muy influida por la moral neoliberal y se siente políticamente integrada. Esta parte competitiva experimenta, como regla general y en diferentes planos, sentimientos de seguridad y raramente sentimientos de inseguridad, y, asimismo, puede obtener protección, tanto ante los efectos negativos de la globalización como ante los delitos que estos generan, comprando en el mercado privado de seguridad. Por ello, percibe los delitos como riesgos que se pueden controlar. Otra parte de la población se halla en una posición amenazada por la marginación económica y también por la social, cultural, política e ideológica. Ésta experimenta, en diferentes planos, sentimientos de inseguridad y afronta los efectos negativos de la globalización con una creciente sensación de vulnerabilidad ante diversos tipos de delitos. Sus sentimientos de inseguridad respecto a su posición económica, social y política vienen provocados por estos diferentes tipos de delincuencia. Esta parte de la población se siente abandonada por el Estado y, en concreto, por la policía y la justicia, que ya no le pueden garantizar la seguridad ante la delincuencia. Finalmente, la tercera parte de la población se halla marginada y excluida en los planos económico, social, cultural y político. Es este tercer sector el que recibe el mayor impacto de los efectos negativos de la globalización. Además, una parte de esta población resulta aún más marginada por la intervención de la policía y de la justicia penal.

Llegados a este punto, todo indica pues que las demandas de seguridad, en nuestra sociedad, se configuran a partir del riesgo percibido a la delincuencia considerada como un todo indiferenciado -más que en base al riesgo real a ser víctima de un tipo específico de agresión-, prioritariamente, por parte de aquel sector de la población que se halla amenazado por la marginación económica y también por la social, cultural, política y ideológica. Ello explica que las políticas públicas se orienten, prioritariamente, a responder a las demandas de seguridad de una población atemorizada (políticas de seguridad) más que a desactivar los distintos conflictos que se hallan en el origen de las diferentes manifestaciones de violencia (políticas de prevención social).

De manera que el círculo vicioso está servido: conflictos desatendidos que generan inseguridad en los sectores sociales más vulnerables; demandas de seguridad que expresan el riesgo percibido antes que el riesgo real; políticas de seguridad que pretenden tranquilizar la población atemorizada sin modificar las condiciones de producción de estos temores; inseguridad cronificada. Y, cuando esta inseguridad viene de la mano, como acostumbra a ocurrir, de crispación entorno a la identificación por la nacionalidad o la etnia -que se traduce en resentimiento contra invasores considerados como inasimilables-, entonces se puede confundir, fácilmente, al ladrón o al carterista, a quienes no hay forma de encontrar, con el extranjero, bien visible, por su parte. De esta forma, delincuente e inmigrante pueden confundirse en una figura absolutamente exterior a nosotros, de manera que no merecen sino la exclusión. «Cada colectividad - nos dice Glucksmann- organiza, sin mucho esfuerzo, la percepción de los peligros dotándose de un contrario irreductiblemente hostil, proyectando toda la adversidad de la naturaleza y de los hombres sobre un adversario al cual considera absoluto». Y es que la acumulación de ansiedad en una colectividad necesita, periódicamente, descargarse de tal forma que no ponga en peligro la supervivencia de la propia comunidad: esta es, desde tiempo inmemorial, la función atribuida al chivo expiatorio.

«En un mundo en que la violencia ha dejado de estar ritualizada y es objeto de una severa prohibición, como regla general, la cólera y el resentimiento no pueden, o no osan, saciarse en el objeto que directamente los excita. Esa patada que el empleado no se ha atrevido a dar a su patrón, se la dará a su perro cuando vuelva por la tarde a casa, o quizá maltratará a su mujer o a sus hijos, sin darse cuenta totalmente de que así está haciendo de ellos sus chivos expiatorios. Las víctimas que sustituyen al blanco real son el equivalente moderno de las víctimas sacrificiales de antaño. Para designar ese tipo de fenómenos, utilizamos espontáneamente la expresión "chivo expiatorio". Resultan tan lejanas, tan difusas y, sobretodo, tan inalcanzables las causas y los causantes de la inseguridad que aflige a este sector de la población, que se hace imprescindible poder descargar esta angustia sobre algún objetivo claro y concreto y, por supuesto, alcanzable. En las sociedades de la opulencia, de no haber podido disponer de los inmigrantes, hubiéramos tenido que inventarlos. En realidad, antes que empezara a hacerse notoria la llegada masiva de gente procedente de otros países, la función de chivo expiatorio la venían a cumplir los drogadictos, pongamos por caso. Ahora, preferiblemente, lo vienen a ser, justamente, los colectivos con una sobrerepresentación de extranjeros: las prostitutas y los proxenetas, los grupos de delincuencia organizada y, en general y sin mucha discriminación, estos extranjerosque-vienen-a-robar-nos.

Hemos empezado, este texto, constatando la dificultad a la que se enfrenta nuestra colectividad cuando se trata de comprender y atender adecuadamente a las víctimas de la violencia. La reflexión nos ha llevado, rastreando los ámbitos complementarios pero distintos (el riesgo real y el riesgo percibido) del fenómeno social de la inseguridad ciudadana, a constatar que el proceso de producción de las demandas de seguridad nace, más que del riesgo real, del riesgo percibido. Y es aquí donde nos hemos encontrado, muy probablemente, con el contrapeso inevitable a la incapacidad para compadecer a las víctimas: la necesidad de crear chivos expiatorios. Y, mientras tanto, seguimos podando las ramas de un árbol que no para de crecer.

Una encuesta realizada en Francia (IHESI, 1999) reveló que la policía resolvía menos del 15% de los robos y menos del 10% de las violaciones. El 80% de los casos se archivaban, principalmente, debido a la falta de identificación de los autores. Desanimadas, maltratadas en las comisarías, numerosas víctimas no denunciaban y cuando lo hacían, en muchos casos, era a petición de las compañías aseguradoras.

La estadística policial o judicial registra, únicamente, la actividad de las administraciones competentes y está basada, particularmente, en las denuncias presentadas por los ciudadanos, las cuales pueden suponer más del 90% del total de los ilícitos penales conocidos. Las encuestas de victimización consisten, básicamente, en entrevistar a una muestra representativa de la población a propósito de sus experiencias de victimización, ya que las técnicas de encuesta permiten inferir, con un margen de error conocido, los valores correspondientes para el conjunto de la población. Las encuestas proporcionan, pues, unos datos que no se hallan condicionados por los filtros y las inercias del sistema penal y expresan las vivencias, los sentimientos y las opiniones de los ciudadanos.

Diego Torrente, Desviación y delito, Madrid, Alianza, 2001, p. 154-164. Jean Delumeau, op. cit., p. 28-33.

Patrick Hebberecht, "Sociedad de riesgos y política de seguridad", p. 353-364 en Cândido da Agra et al. (eds.) La seguridad en la sociedad del riesgo: Un debate abierto, Barcelona, Atelier, 2003, p. 359-360.

Al hablar de delincuencia, inevitablemente, incurrimos en una generalización poco esclarecedora. No hay duda que poco tienen que ver los homicidios (si es que tiene algún sentido explicativo juntar en una misma categoría los ajustes de cuentas de la criminalidad organizada y los crímenes pasionales) con los robos en automóviles: ni en las causas que los originan, ni en los efectos que se derivan de cada uno de ellos, ni tampoco, por consiguiente, en las correspondientes estrategias de prevención (situacional o bien social).

André Glucksmann, Dostoievski en Manhattan, Madrid, Taurus, 2002, p. 66. René Girard, Veo a Satán caer como el relámpago, Barcelona, Anagrama, 2002, p. 201- 202.



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Comentarios



2013-07-20 23:43:44

Curioso cálculo de Cuánto ha costado el plan PIVE a los españoles: 17 euros

http://www.numbersexplained.org/cuanto_ha_costado_el_plan_pive_a_los_espanoles.php

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